Una vez más, la Junta Directiva de CPS Energy ha subvertido atrozmente la voluntad de los contribuyentes y votantes de San Antonio. Fiel a su actitud despectiva y combativa de operar una empresa de servicios públicos, la cual es propiedad de la gente de San Antonio, la acción legal tomada por CPS Energy el pasado 12 de noviembre se realizó con sigilo preciso con el fin detener un esfuerzo colectivo que exige tarifas justas, un verdadero proceso de participación ciudadana, y el cierre de la planta termoeléctrica a carbón “Spruce” para el año 2030.
Nuestra coalición ha educado a miles sobre nuestra utilidad pública. Esta acción legal resultó en un fallo de la corte que elimina el derecho del público a solicitar una enmienda a los estatutos de la ciudad siempre que la enmienda se relacione con cualquier entidad con autoridad para emitir bonos. La ley estatal proporciona un proceso para modificar los estatutos de la ciudad. Este proceso incluye una petición, una elección de referéndum y la adopción y certificación de la enmienda por parte del municipio. Este fallo, sin embargo, priva a los votantes de nuestros derechos bajo la Constitución de Texas y la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La acción de CPS Energy establece el precedente de que la solvencia crediticia, el servicio de la deuda de una planta a carbón que envenena nuestro medio ambiente y el salario de la directora ejecutiva tienen prioridad sobre la salud del público frente a una catástrofe climática inminente. En pocas palabras, la Junta Directiva de CPS Energy se ha vuelto a comprometer ferozmente a priorizar las ganancias financieras por encima del bienestar de las personas.
CPS Energy ha presentado de manera inverosímil una elección falsa entre la energía asequible y sostenible y un aumento de tarifas inminente vinculado a la operación indefinida de una central a carbón contaminante. Decenas de miles de conversaciones entre miembros de la comunidad por toda el área de San Antonio han revelado que el público tiene la misma opinión sobre el tema: los votantes están de acuerdo en que la única forma de lograr la democracia energética es mediante la promulgación de las enmiendas a los estatutos establecidas en nuestra petición.
Durante los últimos diez años, la comunidad ambiental se ha reunido con el liderazgo de la empresa de servicios públicos para avanzar en las conversaciones sobre: los cierres de las termoeléctricas a carbón, programas de conservación de energía, la estructura de tarifas, y cómo los contribuyentes deben desempeñar un papel en este proceso. Hemos solicitado con regularidad los datos financieros que justifiquen la dependencia de la central a carbón “Spruce” por parte de CPS Energy, pero este organismo público ha hecho caso omiso de nuestras solicitudes repetidamente. Debido a su continua renuencia a trabajar de buena fe, los miembros de la comunidad se sintieron obligados a iniciar una campaña de petición de enmienda de la carta constitutiva de la ciudad para llevar a cabo el cambio que se necesita en CPS Energy.
CPS Energy, en lugar de involucrar a sus contribuyentes-propietarios, votantes y el público que respalda la deuda que la empresa emite, optó por seguir una ruta legal subrepticia que excluye al público por completo. Aunque cumple con los requisitos de notificación legal a simple vista, las acciones de CPS Energy son evidencia de mala fe y su continuo rechazo a rendir cuentas al público y realizar los negocios del público de manera ética y transparente. Cualquier acción tomada en nombre del público y supuestamente en beneficio del público requiere la verdadera participación del público, en vez de la jerga legal impresa en la contraportada del periódico o los procedimientos judiciales esotéricos realizados a puerta cerrada.
La obsesión de CPS Energy con las calificaciones crediticias y las obligaciones de deuda coloca las consideraciones financieras por encima del sufrimiento real de la gente de San Antonio y de las comunidades aledañas, quienes no solo se ven perjudicadas por las tasas desiguales, sino que también están agobiadas por las consecuencias ambientales y de salud pública debido a que CPS Energy se compromete infaliblemente a producir la electricidad mediante la quema de carbón, un combustible altamente contaminante. Al buscar el fallo de una corte, CPS Energy ha declarado una vez más que sus finanzas suplantan cualquier otra consideración, incluida la salud del público y del medio ambiente. Además, si el alcalde Nirenberg aprueba estas tácticas legales encubiertas, está optando por ceder su autoridad como servidor público elegido democráticamente, a un organismo no electo, a saber, la directora ejecutiva y la junta directiva de CPS Energy.
Con esta callada estrategia legal, CPS Energy establece un precedente tóxico. Siempre que la Junta Directiva y la directora ejecutiva, que no son electos por el pueblo, lo consideren apropiado, pueden subvertir la autoridad de nuestro gobierno electo y sofocar la voluntad de los votantes por decreto legal. Nos estremecemos al pensar que un día CPS Energy puede optar por anular otras partes de los estatutos de la ciudad, las leyes aplicables u ordenanzas para satisfacer a sus inversionistas, el mercado de bonos y las agencias de calificación crediticia.
Los contribuyentes y los miembros de la comunidad merecen una empresa pública que valore la democracia que nace de la propiedad comunitaria municipal. El público merece una empresa de servicios públicos que actúe con la urgencia que demandan la crisis climática y un compromiso con la salud pública. Y los miles de electores que firmaron la petición han exigido que se les dé una opción en las urnas para que se puedan promulgar cambios justos sin demora.
Esta opinión se publicó previamente en inglés por la coalición Recall CPS Energy: https://recallcps.medium.com/
