Mientras los electores de San Antonio salieron a las urnas durante la votación anticipada y en el día de las elecciones, además del gran auge en la afluencia de votantes que acudían diariamente a emitir sus votos, se notó también la presencia de otro grupo de personas afuera de las casillas que de manera similar ejercían sus derechos constitucionales. Estas personas, que pertenecen a una amplia coalición de organizaciones cívicas, pasaban horas y horas recabando las firmas de los electores para dos peticiones que buscan establecer, de manera democrática mediante un plebiscito, una mejor gestión de nuestras dos empresas de servicio público, SAWS, nuestra compañía de agua, y CPS Energy, nuestra compañía de luz y gas. Estos esfuerzos, basados en principios equitativos y con una mira hacia la justicia ambiental, transformarían estas dos empresas en instituciones democráticas públicas verdaderamente comprometidas con el servicio al pueblo, en vez de lo que hoy en día son: empresas gubernamentales abastecedoras de luz y agua que se hacen pasar por corporaciones privadas con fines de lucro, respaldadas por las finanzas públicas del gobierno municipal de San Antonio. Las peticiones son el resultado de un largo proceso de participación ciudadana a lo largo de varios años, mediante el cual tantos los residentes de la ciudad como grupos que promueven la justicia social han intentado abrir una brecha en nuestras instituciones gubernamentales para que se escuche la voz del pueblo y se tome en cuenta las necesidades de las comunidades más marginadas en materia de las políticas ambientales y económicas de la ciudad. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de la gente y de organizaciones comunitarias por lograr un cambio benéfico en las políticas de SAWS y CPS, los incrementos en las tarifas del hogar promedio siguen sin cesar y todavía no se ve fin a las políticas que dañan el medio ambiente. SAWS y CPS aún se niegan a crear un proceso democrático transparente y participativo para establecer tarifas justas.
En particular, las políticas energéticas e hídricas de nuestras dos empresas públicas han seguido una trayectoria que favorece los intereses económicos de las grandes empresas y la cámara de comercio que controlan la agenda del alcalde y el concejo municipal. Se trata de una trayectoria de constante crecimiento que pone el lucro del sector privado por en cima de la economía de las familias de San Antonio y el bienestar del medio ambiente. Es bien sabido que cualquier iniciativa del concejo de la ciudad, por grande o pequeña que fuera, requiere del imprimátur del sector empresarial. De lo contrario y como hemos visto en los últimos años, cualquier proyecto de ley local que no reciba el visto bueno de los empresarios corre el riesgo de convertirse en blanco político o de ser subvertido mediante tácticas jurídicas como fue el caso del decreto local sobre la licencia laboral por enfermedad pagada. Tanto el sector empresarial privado, formado por las cámaras de comercio, las grandes corporaciones, y los empresarios más acaudalados de la ciudad, como nuestros gobernantes se benefician de esta estrecha relación político-económica. Esta relación se extiende a CPS y SAWS que, a pesar de ser organismos públicos creados y administrados por nuestro gobierno municipal, mantienen políticas que no favorecen el bienestar del pueblo, mismo que subsidia el crecimiento del sector privado mediante los impuestos que se pagan al gobierno municipal.
Al contrario, ambas empresas públicas han seguido planes económicos y ambientales que perjudican a los consumidores económicamente, en su mayoría familias y trabajadores de clases media y baja, y que atenta contra la salud tanto de las personas como del medio ambiente. En los últimos años, SAWS ha incrementado constantemente las tarifas por consumo y las cuotas por servicio y suministro de agua. CPS por su parte no ha solicitado un incremento en las tarifas eléctricas en varios años, pero sin embargo mantiene una postura que contempla posibles alzas cada año, sin considerar la precaria economía del consumidor promedio, cuyas facturas de luz y agua alcanzan $141 y $75, respectivamente cada mes. Según un reportaje del Express-News, el 22% de los hogares de San Antonio batallan por cubrir sus gastos de luz y gas, que alcanzan por lo menos el 6% de sus ingresos (el doble del porcentaje medio por hogar en EEUU). Cabe mencionar que debido a las condiciones de la pandemia y sus duras repercusiones económicas, se ha visto en los últimos meses una fuerte alza en el número de personas con cuentas morosas de agua y de luz. En un año normal, son alrededor de 100,000 hogares que sufren desconexiones por falta de pago. Desde el pasado marzo cuando empezó la pandemia, SAWS y CPS han puesto en pausa las desconexiones por impago. Sin embargo, hasta el momento los dirigentes de ambas empresas han negado a dar respuesta clara de si las cuentas con atraso deberán pagar los saldos en una futura fecha cuando las condiciones vuelvan a una normalidad. En el caso de SAWS, ya son más de 32,000 cuentas con atraso que significa una deuda conjunta de $18.5 millones, según un reportaje publicado la semana pasada en el San Antonio Report. Es preciso agregar que, muy al contrario de la situación de precariedad y carencia en la que se encuentran más y más familias en San Antonio, los ejecutivos de estas dos empresas públicas gozan de sueldos que suman a los $600,000 en el caso de Robert Puente de SAWS y a casi $1 millón en el caso de Paula Gold-Williams de CPS Energy.
Estos últimos asuntos económicos son suficientes para darse cuenta que son muchos los cambios que se necesitan en la gestión de nuestras empresas de servicio público y de ahí surge la necesidad de transformarlas mediante las peticiones arriba mencionadas. Pero todo esto deja a un lado muchas otras consideraciones críticas que tienen que ver con la protección al medio ambiente y la salud pública. Espero detallar en una futura columna los motivos ambientales de estas dos peticiones.