Traducido por LPT

Lea la historia en inglés en https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2020/04/10/482998/ migrant-model-follow-portugals-response-coronavirus /

Buenas noticias sobre la respuesta de un país a la pandemia de coronavirus son raras en estos días, pero Portugal recientemente proporcionó un punto brillante. El gobierno anunció que durante la pandemia, ciertos migrantes y solicitantes de asilo en el país recibirían el mismo acceso total a los servicios públicos que reciben los residentes permanentes. En un momento en que muchos países, incluido Estados Unidos, están complaciendo los impulsos nacionalistas e incluso utilizando la crisis para excluir y marginar aún más a los inmigrantes, Portugal está ejemplificando una política inteligente y pragmática que respeta los derechos y la dignidad de todas las personas y ayuda a minimizar la propagación. del virus.

La orden del gobierno, que permanecerá vigente hasta al menos el 1 de julio, garantiza que todos los extranjeros, incluidos los solicitantes de asilo, que hayan solicitado el estatus migratorio serán tratados como residentes permanentes. Esto significa que pueden acceder al servicio nacional de salud, prestaciones sociales, cuentas bancarias y contratos de trabajo y alquiler. Si bien no está claro cuántos inmigrantes cubrirá esto, el año pasado, casi 600,000 migrantes residieron en Portugal, un número significativo dada la población total de Portugal de 10.3 millones de personas. Una portavoz del gobierno dijo que la decisión se tomó porque “[las personas] no deberían ser privadas de sus derechos a la salud y al servicio público simplemente porque su solicitud aún no ha sido procesada”. El primer ministro declaró más tarde que “la democracia no se suspenderá” durante la crisis.

La decisión de Portugal refleja la realidad de que las respuestas a la pandemia de COVID-19 que prioriza la unidad y la equidad no solo son más justas sino también más efectivas. La nueva política ayudará a garantizar que las poblaciones vulnerables no se queden atrás al abordar las amenazas a la salud pública del brote de coronavirus. Suspender la necesidad de que los migrantes se registren o completen la documentación durante el brote minimizará la exposición de los funcionarios fronterizos y los solicitantes al virus. Asegurar que a nadie se le niegue el acceso a la atención y el tratamiento del virus ayudará a limitar su propagación. Y al garantizar el acceso a servicios esenciales como la asistencia financiera, los migrantes sentirán menos presión para encontrar trabajo para pagar la comida o la atención. Esto a su vez ayuda a contener la propagación de la enfermedad y facilita la recuperación nacional.

El enfoque de Portugal contrasta con el de otros gobiernos. La decisión de la India de emitir un cierre patronal en todo el país dejó a millones de trabajadores migrantes varados sin trabajo, comida o refugio, lo que los obligó a aglomerarse en las carreteras o el transporte público para regresar a sus hogares. Como resultado, decenas ya han muerto y es probable que millones hayan propagado aún más el brote. En Grecia, el hacinamiento grave y los suministros de atención médica limitados han creado situaciones desastrosas para los migrantes en campamentos como Lesbos. Ni el gobierno griego ni la Unión Europea han tomado medidas para extender los beneficios de atención médica a los migrantes en medio de la crisis del coronavirus; los inmigrantes fueron retirados del sistema de seguridad social griego el año pasado y hoy permanecen desprotegidos.

En los Estados Unidos, las brechas en la infraestructura de salud pública significan que millones de inmigrantes enfrentan perspectivas nefastas. Los migrantes que viven sin documentación o seguro enfrentarán enormes barreras para las pruebas y la atención. Aunque el segundo paquete de coronavirus aprobado por el Congreso dio a los estados la opción de cubrir los costos de las pruebas COVID-19 para personas sin seguro, la elegibilidad se limitó a las poblaciones elegibles para Medicaid, lo que hace que las pruebas no estén disponibles para los inmigrantes indocumentados, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) destinatarios, titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) y la mayoría de los residentes permanentes legales que han tenido sus tarjetas de residencia por menos de cinco años. Incluso después de que el presidente Donald Trump prometió hacer las pruebas disponibles independientemente del estado de inmigración, el Congreso no ha cumplido su promesa. La última factura de estímulo de $ 2.2 billones, además, deja a las familias de estatus mixto fuera de los controles de estímulo directos, lo que significa que incluso si casi todos en una familia tienen un número de Seguro Social, pero una persona presenta un Número de identificación de contribuyente individual, esa familia no recibirá pagos . El proyecto de ley también incluyó $ 1.3 mil millones en fondos para centros de salud comunitarios, que tratan a las personas independientemente de su estado migratorio; pero muchos ya han reportado escasez en las capacidades de prueba.

Las duras políticas de la administración Trump también avivaron el miedo dentro de las comunidades inmigrantes, desanimando a las personas a ir a los hospitales por temor a que pueda dañar su capacidad de convertirse en residentes legales. Debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Se ha negado a adoptar una política para reducir la población de los centros de detención, que protegería la salud de las personas detenidas y el personal, los jueces federales de todo el país están comenzando a ordenar a ICE que libere a las personas bajo custodia. Peor aún, las deportaciones han continuado incluso cuando otros viajes domésticos se detienen. Aunque ICE ha indicado que está realizando un control moderado de las personas antes de que se las coloque en vuelos de traslado, tres personas que fueron deportadas de los Estados Unidos a Guatemala dieron positivo por el virus y fueron hospitalizadas poco después de su llegada al país.

Los funcionarios de Trump incluso están utilizando las preocupaciones por el coronavirus como una excusa para deportar rápidamente a los niños no acompañados y a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de los Estados Unidos, ignorando las obligaciones legales nacionales e internacionales. Esto es particularmente irresponsable dada la magnitud de la propagación del virus dentro de los Estados Unidos, porque las deportaciones continuas exacerbarán la propagación a otros países, muchos de los cuales tienen sistemas de atención médica deficientes.

Además, debido a los agujeros en la red de seguridad social y al hecho de que los inmigrantes sirven desproporcionadamente como trabajadores de primera línea, es más probable que los migrantes se sientan obligados a trabajar fuera del hogar, lo que aumenta sus posibilidades de contraer el virus. Esto pone a los trabajadores de la salud, los trabajadores de servicios y los trabajadores agrícolas, industrias que dependen en gran medida de los inmigrantes, y sus familias, especialmente en riesgo en un momento en que satisfacen una necesidad crucial para todos los estadounidenses.

Una política más inteligente para los Estados Unidos y otros países sería seguir el ejemplo de Portugal y extender los servicios críticos a todos los residentes, independientemente de su estado. Las pruebas y el tratamiento para COVID-19 deben estar disponibles para todos, incluidos los inmigrantes indocumentados y las familias de estatus mixto. Estas familias también necesitarán acceso a ayuda económica; Se deben proporcionar fondos de estímulo a todos, no solo a aquellos con números de Seguro Social, porque el propósito de estos fondos es, en última instancia, ayudar a salvar la economía de los Estados Unidos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional debe realizar cambios significativos en las políticas y prácticas de aplicación y detención y ejercer una precaución excepcional, en estrecha consulta con los países receptores, antes de colocar a las personas en vuelos de expulsión.

El coronavirus no discrimina en función del estado de inmigración; tampoco deberían las respuestas del gobierno. Solo tratando y cuidando a todos podemos esperar derrotar esta pandemia.

Alexandra Schmitt es analista de políticas de derechos humanos, democracia y desarrollo en el equipo de Seguridad Nacional y Política Internacional del Centro para el Progreso Estadounidense. Elisa Massimino es investigadora principal del Centro.

Los autores desean agradecer a Tom Jawetz, Philip E. Wolgin y Emily Gee por sus contribuciones a este análisis y recomendaciones.

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